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Sobre el caso de Garzón y el Franquismo

Últimamente hay un revuelo importante a raiz del proceso al, todavía, juez Garzón, por el caso en el que se le procesa por juzgar crímenes del franquismo, no sin una importante carga ideológica por parte de los medios de comunicación a la hora de contar la noticia, tal y como podemos ver en la sexta,  o en La Razón. Estos medios de comunicación (esto son sólo dos ejemplos, pero puede extenderse a la inmensa mayoría), están haciendo tanto ruido, que no dejan llegar la noticia. Así que al final se confunden los términos, y se entienden ataques, donde lo que hay es una normalidad jurídica.

Antes de continuar quiero recordar que el señor Garzón está siendo juzgado por  un delito y, en un estado de derecho, esto significa que será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que aquí narraremos los hechos y hablaremos siempre de los cargos de los que se ha acusado, pero no entraremos en su inocencia o culpabilidad. Esta entrada sólo pretende dar un poco de luz a todo el batiburrillo informativo que tenemos. Aclarar ideas.

Comencemos por el principio:

¿De que es acusado el juez Baltasar Garzón? De prevaricación, que se define:

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

¿Porque se le acusa de este delito?

Bien, hagamos algo de retrospectiva.  En 16 de octubre de 2008 encontramos la siguiente noticia:

Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la del poeta García-Lorca.

En la misma noticia encontramos:

En un auto de 68 páginas, hecho público hoy, asegura que observa delitos “de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”.

Por su parte, la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez porque, según fuentes del órgano, el fiscal considera que los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

Al tratarse de una instrucción por la vía penal, el juez busca a los responsables de la autoría de los crímenes para lo que ha solicitado los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos cargos del Régimen, como el General o Serrano Suñer.

He aquí, la madre del cordero. Porque a 7/04/2010:

El magistrado del Supremo Luciano Varela ha decidido transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al iniciar, sin competencia legal, una causa por las desapariciones del franquismo.

Donde encontramos que:

El magistrado Varela adelantó en febrero que las resoluciones dictadas por Garzón durante la instrucción de una causa por las desapariciones del franquismo “son objetivamente contrarias a Derecho“. En concreto, se acusa al juez de la Audiencia Nacional de haber iniciado y prolongado esa instrucción atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran de su competencia.

Todo este galimatías es perfectamente resumido por Joaquín Leguina, desde su blog:

Garzón abrió esta causa a finales de 2006 y la cerró el 18 de noviembre de 2008. ¿Qué hizo Garzón durante esos dos años? Nada durante el primer año y medio y durante el otro medio año solicitó información (providencias del 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008) sobre desapariciones y enterramientos clandestinos en toda España. Asuntos ambos que no son competencia de la Audiencia Nacional, cuyo juzgado número 5 ocupa Garzón.
Pese a esa evidente falta de competencias, el 16 de octubre de 2008, el juez Garzón dictó un auto declarándose competente y para declararse competente introdujo en el procedimiento un nuevo delito: un delito contra altos organismos de la Nación (delito para el cual sí es competente la Audiencia Nacional), en el cual estaría incurso el “Alzamiento Nacional”. En dicho auto suministraba los nombres y apellidos de los responsables del “Alzamiento Nacional”, afirmando allí, por dos veces, que todos los implicados estaban ya muertos, como, por otro lado, era público y notorio.
Pese a que la notoriedad de los fallecimientos exime de probar la muerte de los implicados, Garzón requirió los correspondientes certificados de defunción. Y aquí viene el truco. ¿Para qué pidió esos certificados? Para –eso dijo él mismo- declarar extinguidas esas responsabilidades, lo cual suponía (implícita pero indudablemente) la existencia de esas responsabilidades. Una declaración de responsabilidad que es ajena a la capacidad de cualquier juez instructor.
Cuando le llegaron los certificados de defunción, Garzón, mediante otro auto, hizo lo que ya había anunciado: declaró extinguidas las responsabilidades y el proceso volvió a su ser inicial: las desapariciones forzadas, para cuya investigación el juez Garzón carecía y carece de competencia alguna. Es decir, Garzón se declaró incompetente apenas un mes después de haberse declarado competente.
En resumen, ¿qué investigación ha realizado Garzón respecto a las desapariciones denunciadas? Ninguna. ¿Qué investigación ha ordenado respecto al “Alzamiento Nacional”? Ninguna.
Pero, ¿ha infringido Garzón en este asunto alguna norma jurídica? Según algunos prestigiosos procesalistas, Garzón, durante este viaje a ninguna parte, se ha saltado: a) la prohibición de incoar un proceso de inquisición general, b) la norma que señala las competencias de la Audiencia Nacional, c) el artículo 25 de la Constitución, d) más de una decena de preceptos del Código Penal, e) otros tantos artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc., etc. Actuaciones antijurídicas que el Juez Campeador ha emprendido bien a sabiendas o bien por ignorancia culpable, es decir, prevaricando.

A la vista de los datos, no se vosotros, pero entiendo que la acusación al juez Garzón viene dada por la posible toma de decisiones a sabiendas de que no tenía competencias ni las iba a tener, con todavía no se que intenciones.

Recordemos, de forma ya muy reiterativa, que esta es la acusación que ha recibido el señor Garzón, y que tendrá que ser juzgada y valorada por un juez. Por lo tanto, este señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La pregunta en este caso sería si un juez puede o no saltarse la ley porque esta sea inmoral, o porque esta no responda a los intereses, por otra parte legítimos, de unas personas o grupo dado.

Según nuestra constitución, vivimos bajo el imperio de la ley, y esta debería ser igual para todos.  Ideologías a parte.

Este caso resulta paradigmático de como las ideologías, sin ninguna base, ahogan la realidad, creando artificialmente ruido y sacando fantasmas de donde no los hay.

Mi conclusión personal:

Señores, si hay una ley que no nos gusta, deberíamos votar a aquel partido que esté dispuesta a cambiarla, o formar un grupo propio. Pero lo que no podemos es justificar que alguien se salte la ley porque esta sea inmoral, o contraria a nuestras ideas. El fin no justifica los medios. Y los jueces están para asegurar el cumplimiento de estas, y no para hacer de justicieros, cual Juez Dredd

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